Estas entidades han tenido un impacto social importante en el país.
Las cajas de compensación familiar nacieron del corazón de los empresarios colombianos, en beneficio de los trabajadores con menores ingresos y sus familias, con el objetivo de cerrar brechas sociales en un país marcado por la desigualdad.
De esta manera, los servicios y beneficios que prestan son mecanismos eficientes que garantizan la distribución de la riqueza y el retorno al sector empresarial en términos de productividad y consumo. Sin duda, y sustentado por su impacto positivo, este Sistema, a través del Fondo de Vivienda de Interés Social (Fovis), es uno de esos mecanismos que más ha aportado a que millones de colombianos puedan tener casa propia; aspecto clave para el desarrollo económico y social del país.
Si evaluamos la historia reciente del Fovis (del 2010 al 2017) las cifras de la Superintendencia de Subsidio Familiar son contundentes: cerca de 6 billones de pesos entregados, subsidio promedio de 17,5 millones y 383.000 familias beneficiadas.
Además, el 96 por ciento de los recursos se destinaron para compra de vivienda nueva, 3 por ciento para la construcción en sitio propio y 1 por ciento a mejoramiento estructural y locativo.
Sin embargo, estimaciones de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del 2017 del Dane, muestran que actualmente el déficit cualitativo de vivienda suma cerca de 1,2 millones. Las razones: falta de alcantarillado (32 por ciento), hacinamiento (21 por ciento) y ausencia de acueducto (13 por ciento). Variables que, junto con las paredes y pisos de materiales inadecuados, permiten medir la pobreza multidimensional. Esto significa que
La concentración de los recursos en el 1 por ciento de la población y la falta de herramientas para el mejoramiento de las condiciones de vida y bienestar, hacen que la labor de las cajas sea pertinente y necesaria, por su alcance, focalización e impacto en los trabajadores de menores ingresos.
Conscientes de esta responsabilidad, uno de los principales desafíos del sistema es la coordinación y la concertación de un desarrollo normativo, entre los actores del ecosistema de vivienda, que genere un modelo de intervención más flexible, con mayor capacidad de adaptación a las realidades de los territorios y que fortalezca los esquemas operativos, así como la focalización de las poblaciones objetivo.
Además, que vaya más allá de la asignación de subsidios para la construcción y el mejoramiento de edificaciones. En esto han trabajado organizaciones como ONU hábitat y Cepal, y el resultado es la ‘Nueva agenda urbana 2016 – 2032’ que plantea retos en materia de urbanismo y habitabilidad que deben asumir América Latina y el Caribe: una hoja de ruta para las cajas, tras el camino hacia la consolidación de capital social.
Fuente: eltiempo.com
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