Con la declaración juramentada y las nuevas disposiciones para aumentar el recaudo, el Estado busca que los contribuyentes no evadan impuestos y que, por ejemplo, en las escrituras de venta aparezca el valor real de las transacciones de inmuebles.
Todo indica que la puesta en vigencia de la Ley de Financiamiento generará mayores oportunidades para los avaluadores en 2019. Estos expertos, encargados de analizar, estudiar y definir el valor de los bienes muebles o inmuebles para personas naturales y jurídicas, serán una figura crucial dentro de la aplicación de la nueva ley.
Tres frentes ofrecen un amplio potencial para estos profesionales: las exigencias de declaraciones juramentadas que contempla la nueva reforma; la adopción de un nuevo impuesto al consumo para vivienda de más de $1.000 millones y como si fuera poco, la continuidad en la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF, que adoptaron las empresas hace unos años y requieren este tipo de servicios.
Para aumentar el recaudo de impuestos, el gobierno tendrá que apoyarse mucho en la figura del avaluador pues de lo contrario, las cifras que se proyectan de ingresos tributarios para este año no se cumplirán. ¿Cuál será el papel del avaluador en este nuevo escenario?
Con el fin de reducir el nivel de evasión que muchas veces se presenta en las transacciones de compra y venta de inmuebles, la Ley de Financiamiento incluyó en su artículo 53 la declaración juramentada, una figura busca que el precio incluido en la escritura de compra de un inmueble refleje el valor real de la transacción y no sea el resultado de un acuerdo entre privados para reducir costos notariales, de registro, o incluso para evadir impuestos como renta, impoconsumo o ganancia ocasional.
Para determinar el valor real de un inmueble se debe contar con avalúos catastrales actualizados o acudir a un sistema de valores de referencia, pero estos no existen en muchos casos, es necesario acudir al avalúo por un experto, que garantiza el efectivo recaudo al Estado, pero al mismo tiempo salva al contribuyente de las onerosas multas contempladas.
Esta figura también resulta fundamental para la aplicación del nuevo impuesto al consumo del 2 por ciento, que grava las transacciones de inmuebles urbanos valorados en más de $1.000 millones. En este caso el papel de los avaluadores será crucial precisamente para verificar si los precios con los que se hacen las operaciones reflejan el valor real de las propiedades o resultan inferiores.
También para efectos de la aplicación de las normas NIIF. La valorización de los activos fijos y los activos productivos deben reflejar la realidad, porque si se presenta el efecto de subvaloración, implicará un menor recaudo de impuestos para el Estado, pero, además, los contribuyentes corren el riesgo de ser requeridos por la autoridad tributaria.
Cálculos de realizados por el Autorregulador Nacional de Avaluadores (A.N.A.), indican que el monto de los bienes a valorar de las entidades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades equivale aproximadamente a 17% del Producto Interno Bruto Colombiano (PIB).
Con los cambios en la ley tributaria, los avaluadores tienen ahora un papel crucial, porque son los garantes de que los avalúos sean idóneos y correspondan a la realidad y que las administraciones de impuestos tengas certeza de los valores sobre los que se cuantifican los impuestos.
En el país comenzó a operar desde el año pasado el Registro Abierto de Avaluadores RAA, en el cual están inscritos los profesionales que participaron en la convocatoria que cerró el 12 de mayo del año pasado. En el país el Autorregulador Nacional de Avaluadores (A.N.A.) es la primera entidad Reconocida de Autorregulación y autorizada para operar por la Superintendencia de Industria y Comercio, y ya cuenta con más de 2.800 avaluadores inscritos en 29 departamentos del país y distribuidos en las 13 categorías estipuladas en la Ley 1673 de 2013.
Fuente: Dinero.com
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